Suspendieron indagatorias por torturas

Para la Jueza es “materialmente imposible” llevar adelante ese procedimiento.

De los 95 militares imputados el Juzgado Federal Río Grande dispuso convocar a indagatoria a 18 de ellos, lo que es “imposible” por cuestiones de “seguridad edilicia” y de “recursos humanos”, sostuvo la nueva jueza Mariel Borruto.

Los 18 exmilitares imputados de torturas y estaqueamientos contra soldados argentinos en las islas tenían una convocatoria a audiencias indagatorias para el 27y 28 de junio, así como el 1, 2, 3 y 4 de julio.
En las últimas horas la nueva jueza Federal, Dra. Mariel Borruto, suspendió sin fecha definida estas audiencias, a causa de que considera que hay prueba a producir que podría generar a futuro nuevas audiencias para los mismos imputados, por ello se busca una economía procesal con una sola citación.
Asimismo la Jueza aseguró que “en las actuales condiciones edilicias del juzgado no están dadas las medidas de seguridad y procesales necesarias para tener a los indagados separados, además de las distintas partes y la gente que sabemos que esto va a convocar”.
La Jueza, asimismo, aseguró tener “una sola persona” abocada al desarrollo de la causa, por lo que consideró “materialmente imposible” llevar adelante ese procedimiento de momento.
La decisión es pasible de ser apelada por el fiscal o bien los representantes legales del CECIM de La Plata, centro de combatientes que lleva adelante la querella en este proceso.
Desde esta parte cuestionaron la resolución de la jueza y analizan los pasos procesales a seguir.

La causa

Cabe recordar que la causa lleva el Nº1777/07 y está caratulada como “Pierre Pedro Valentín y otro s/delito de acción pública”. Las pruebas aportadas contra los acusados surgieron de los archivos oficiales de las FF.AA desclasificados mediante Decreto del PEN 503/2015, que firmó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa se originó en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias, patrocinadas por el doctor Pablo Vassel, cuando ocupaba la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.