El Fiscal Mayor finalmente requirió investigar la entrega de una casa a un testigo en la causa Melella

Esa es precisamente la causa que la fiscal Laura Urquiza se había negado a recibir del juez Sahade y que desató un verdadero escándalo institucional. El Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, ausente el día del incidente, no tuvo otro remedio más que tomar la causa y dar curso a la investigación que puede comprometer penalmente al secretario de Seguridad, Javier Eposto.

La causa 34.329/2019 caratulada “IBARRA RODRIGUEZ, Francisco s/Dcia.”, fue la que el 28 de junio pasado dos funcionarios del juez Raúl Sahade llevaron a la fiscalía y que la fiscal Laura Urquiza se negó a recibir, produciéndose el escándalo que es de dominio público.

Esa causa es precisamente la que el abogado del intendente Gustavo Melella presentó contra el secretario de Seguridad de la provincia, Javier Eposto, al trascender en la causa contra el mandatario que el funcionario provincial había facilitado una vivienda del IPV a la hija de uno de los testigos.

Esta causa, tras el resonante incidente, finalmente fue tomada por el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien estaba ausente ese díay por ende debía ser subrogado por Urquiza.

Quadrini finalmente, tras dos desestimaciones de instar penalmente contra Eposto, y por un mandato del fiscal ante el STJ, el Dr. Oscar Fappiano; finalmente en esta oportunidad requirió acusación contra el secretario de Seguridad.

El Fiscal Mayor impulsó finalmente la investigación contra el testigo Hugo Moya, su hija Cintia Macarena Moya y la eventual responsabilidad penal que confiera a funcionario alguno del Gobierno, por la adjudicación irregular de la vivienda de calle Mazzarello 272, sobre la cual un informe policial de septiembre del año pasado indica que Hugo Moya indicó que la casa se la entregó su “amigo” en referencia a Eposto.

En ese sentido Quadrini pide investigar si hubo “violación de domicilio” o “usurpación” de parte de estos dos particulares, o eventualmente  una “malversación de fondos públicos” en relación al otorgamiento de la vivienda, aunque siendo ambiguo en ese sentido cuando tuvo que apuntar a responsabilidad directa alguna por parte de un funcionario provincial remitiéndose a “lo que surja de la instrucción”.