Confirman el procesamiento de Cristina por vuelos en aviones presidenciales para uso privado

En marzo de este año, el juez Bonadío había procesado a la vicepresidenta electa por el uso de aviones para el envío de diarios a Santa Cruz

La Cámara Federal confirmó el procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner por  el uso de aviones privados para traslado de mobiliario a los hoteles de la familia mientras se encontraban en el poder.

En un principio, la causa fue denominada “vuelos canillita” porque se consideraba que estos vuelos llevaban resúmenes y de prensa y diarios a Río Gallegos y no se consideraba que ésto haya constituido un delito sino una falta ética. Sin embargo, ahora se la procesó porque, según los pilotos, en los aviones presidenciales se trasladaron muebles y objetos que tuvieron como destino final los hoteles de la familia Kirchner.

El delito de peculado castiga al funcionario “que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración nacional” y establece una pena de entre dos y diez años de prisión.

La investigación de los vuelos al sur fue activada por Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos. Fue cuando avanzaba sobre la hipótesis de dinero al sur y llamó a pilotos de los aviones oficiales a declarar.

En su indagatoria, la ex presidente descalificó las acusaciones. “Esta versión no es novedosa, ya que desde hace años, siempre los mismos denunciantes y siempre los mismos medios de comunicación, vienen repitiendo la misma versión que, incluso para algunos, adquirió el carácter de leyenda. Al igual que el caso anterior, Bonadío interviene ilegítimamente en esta investigación, iniciada en base a supuestas pruebas recabadas en la ‘causa de las fotocopias’”.

Para Bonadio, “los hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro, y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perduró con regularidad nada menos que por un período de 12 años. No cabe duda de que, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los envíos sino que era quien los ordenaba”. Según planteó, “el destino de los fondos públicos dirigidos al buen desempeño de la función no pueden ser desviados para el cumplimiento de los caprichos de ningún funcionario” y el “derroche de fondos públicos” implicó un costo de entre $86.650 y $476.500.