Tras las dilaciones en el tratamiento parlamentario del nombramiento de los jueces propuestos por el Gobierno —tal como estipula la Constitución—, el presidente Javier Milei avanza en la posibilidad de eludir al Congreso y colocarlos directamente en el máximo tribunal. “Esto denota una fuerte fragilidad institucional”, dijo a Sputnik un experto.
Después de un primer año de gestión marcado por el relativo dominio sobre el Congreso y la disposición de todas las herramientas del Ejecutivo —para gobernar a fuerza de vetos presidenciales, por ejemplo—, Milei avanza a paso redoblado sobre la cabeza del más opaco de los tres Poderes: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuando el 29 de diciembre el magistrado Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años y se jubile del máximo tribunal, la Corte quedará con solo tres de los cinco miembros que deben integrarla, dado que la jueza Elena Highton de Nolasco se retiró a fines de 2021, dejando vacante su plaza desde entonces.
Para completar la nómina, desde hace meses Milei busca infructuosamente que el Senado apruebe los pliegos de sus dos postulantes, tal como indica la Constitución. Sin embargo, la Cámara alta no llegó a tratar las candidaturas durante el período de sesiones ordinarias y, en ese marco, voces del Gobierno comenzaron a avanzar en la hipótesis de una designación por decreto: nuevamente, el presidente libertario se arrogaría facultades del Congreso alegando condiciones excepcionales.
“El decreto es algo que el presidente tiene en la cabeza”, dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros, quien agregó: “Me cuesta creer que podamos seguir teniendo una Corte con tres miembros”.
El argumento central remite a la virtual parálisis en la que incurriría el máximo tribunal de no completarse la nómina: con tres jueces, alcanzará con que solo uno de ellos se expida en disidencia de sus pares para evitar que se alcance la mayoría sobre cinco dispuesta por el reglamento para dictar sentencias.
Más allá de las formalidades, el decreto es, sobre todo, una forma de evitar el engorroso trámite por el Senado, que aún se resiste a acompañar los pliegos por la polémica que revisten. Los candidatos son Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. El primero es un prestigioso abogado del ámbito académico, absolutamente alineado con el conservadurismo de Milei, en sintonía con su llamada “batalla cultural”. En virtud de sus ideas, es ampliamente resistido por la oposición peronista.
El segundo candidato es el más polémico de los dos: sobre Lijo pesan cuestionamientos en torno a su proceder como juez federal desde el año 2005. El magistrado acumula más de 30 denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura (organismo que supervisa a los jueces).
Lijo, no obstante, ha construido una amplia red de contactos en la política y en los tribunales. Una de las potenciales prendas de negociación con las que el Gobierno intentó seducir a la oposición fue el nombramiento de jueces afines al peronismo para cubrir los cientos de cargos vacantes a nivel nacional.
Lo que suceda en la Corte es de vital relevancia para la política nacional. Se trata del tribunal que deberá expedirse sobre temas tan sensibles como la condena por corrupción a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), cuya sentencia no quedará firme hasta dicho pronunciamiento, así como la constitucionalidad del mega Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Milei ni bien asumió, mediante el cual modificó y derogó centenares de leyes de un plumazo.
“Fragilidad institucional”
“Esto denota una fuerte fragilidad institucional, porque la oposición ya manifestó su rechazo a esta jugada del Gobierno: sin respaldo del Senado, está claro que el presidente desconoce al Congreso”, dijo a Sputnik el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Según el experto, la irregularidad responde a que las condiciones que facultan al presidente para designar por decreto a miembros de la Corte no se cumplen en este caso. “No se verifican los requisitos de excepcionalidad comprendidos en la Constitución nacional”, afirmó el letrado.
“Esas situaciones excepcionales responderían a la imposibilidad de funcionamiento del tribunal: por ejemplo, si quedara sin miembros o con apenas un integrante. Si vos pusiste en marcha el mecanismo regular respecto de dos candidatos, enviando sus pliegos al Senado, después no podés meterlos a través de un proceso excepcional”, remarcó Gil Domínguez.
Las advertencias no provienen exclusivamente desde la academia: incluso dirigentes cercanos al Gobierno han advertido el carácter irregular de la designación por fuera de los mecanismos estipulados. “No creo que la designación por decreto sea una buena mecánica”, dijo a Sputnik el senador Luis Juez, perteneciente al PRO (Propuesta Republicana) y aliado parlamentario del oficialismo.
“Yo jamás acompañaría un pliego como el del juez Lijo, pero preferiría votar y perder en el Senado antes que avalar que el presidente apele a un artilugio para salirse con la suya”, remarcó el legislador.
Internas de Palacio
La resistencia de la oposición frente a la designación de los jueces tiene una compensación atractiva para el Ejecutivo: la posibilidad de hallar una Corte Suprema más afín al Gobierno. Apadrinado por el magistrado Ricardo Lorenzetti, el candidato Ariel Lijo promete al presidente revertir la hegemonía que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los otros dos integrantes, detentan en el máximo tribunal.
“Estos dos vienen a tratar de solucionar una cuestión de puja interna en la Corte, de lucha interna de poder”, señaló Gil Domínguez al ser consultado al respecto. No obstante, para el especialista, la máxima entidad judicial del país se ha mostrado relativamente amable: pese a que tiene más de un año de vigencia, el Decreto de Necesidad y Urgencia de diciembre de 2023 aún no ha sido tratado por el tribunal, a pesar de los contados señalamientos por la presunta ilegitimidad de la medida.
“Esta Corte ha sido, por omisión, favorable al Gobierno en muchos aspectos: ha decidido no tratar temas muy sensibles para el Ejecutivo, que podrían complicar sus planes”, destacó el constitucionalista.
