Molina promete un duro castigo al difamador de Tierra del Fuego

A pesar de que terminó la campaña electoral en Tierra del Fuego con la victoria en las urnas de Gustavo Melella ante la saliente gobernadora Rosana Bertone, el escándalo desatado el año pasado por presuntos favores sexuales del intendente de Río Grande sigue generando polémicas y denuncias cruzadas. Se viene una demanda judicial importantisima.

La historia del llamado ‘caso Melella’ es así: en octubre del 2018 el intendente de Río Grande y candidato a gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue denunciado por abuso sexual. Fueron obreros de la construcción los que dijeron que, para conseguir trabajos, tenían que ofrecer favores sexuales a funcionarios del municipio de Río Grande.

No había solidez en la denuncia y si bien la web porteña Infobae.com le concedió mucha difusión, en la isla no movió el amperímetro.

Melella negó los hechos y dijo que se trataba de una campaña de desprestigio. La causa se inició y empezó a tramitar mientras se desarrollaba la campaña electoral que terminó con su victoria, rotunda,  sobre la gobernadora Roxana Bertone.

Tras las declaraciones de las víctimas y los testigos, el 3 de junio pasado el secretario de Seguridad Javier Eposto fue denunciado civilmente por Jorge Molina, el hombre a quien mencionó en febrero pasado como supuesto asesor del intendente Melella, a quien el Municipio le habría pagado “50 mil dólares mensuales” de honorarios. Molina se considera “injuriado y calumniado”.

Y Molina promete caerle a los eventuales difamadores con todo el peso del Código Civil y Comercial que es el que establece los resarcimiento a.

Según explicó el Diario Provincia 23, Eposto había reconocido que entregó una vivienda a uno de los principales testigos del caso, Hugo Moya, para que la utilizara su hija, luego de que quedara expuesta la prueba correspondiente en la causa, según dijo en declaraciones a la FM Aire Libre.

Además, Eposto había asegurado que Molina recibía del municipio 50 mil dólares mensuales en pago de honorarios. Por esta razón Molina lo denunció civil y penalmente.

Jorge Molina es un consultor de la ciudad de Buenos Aires que tras confirmar la denuncia, adelantó que el resarcimiento que reciba lo va a donar “al hospital de Ushuaia. Lo que yo le saque en dinero, que va a ser público, lo voy a donar, porque yo no quiero lucrar con el dinero. En el mismo momento que reciba el cheque lo voy a donar al hospital, que tanta falta le hace. La gente va a tener que aprender a callarse la boca cuando no tiene una información correcta”, sentenció.

En ese marco, este miércoles (10/7) el Fiscal Mayor Guillermo Quadrinirequirió investigar la entrega de una casa a un testigo en la causa Melella.

Según Actualidad TDF, es la causa que la fiscal Laura Urquiza se había negado a recibir del juez Sahade y que desató un verdadero escándalo institucional.

Quadrini, ausente el día del incidente, no tuvo otro remedio más que tomar la causa y dar curso a la investigación que puede comprometer penalmente al secretario de Seguridad, Javier Eposto.

La causa 34.329/2019 caratulada “IBARRA RODRIGUEZ, Francisco s/Dcia.”, fue la que el 28 de junio pasado dos funcionarios del juez Raúl Sahadellevaron a la fiscalía y que la fiscal Urquiza se negó a recibir, produciéndose el escándalo que es de dominio público, dice el portal noticioso.

Esa causa es precisamente la que el abogado del intendente Melella presentó contra el secretario de Seguridad de la provincia, Javier Eposto, al trascender en la causa contra el mandatario que el funcionario provincial había facilitado una vivienda del IPV a la hija de uno de los testigos.

Esta causa finalmente fue tomada por el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien estaba ausente ese día y por ende debía ser subrogado por Urquiza.

Quadrini, tras dos desestimaciones de instar penalmente contra Eposto, y por un mandato del fiscal ante el STJ, el Dr. Oscar Fappiano; finalmente requirió acusación contra el secretario de Seguridad. Además, impulsó la investigación contra el testigo Hugo Moya, su hija Cintia Macarena Moya y la eventual responsabilidad penal que confiera a funcionario alguno del Gobierno por la adjudicación irregular de la vivienda.