El Gobierno de Bolivia estableció un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores, en medio de una crisis de abastecimiento que mantiene largas filas en las estaciones de servicio y genera cuestionamientos de distintos sectores. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5676.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que el nuevo esquema busca enfrentar el desvío y contrabando de combustibles. Según señaló, el país atraviesa una situación de “microcontrabando” que afecta la disponibilidad del carburante y genera pérdidas para el Estado.
El nuevo valor alcanza a los grandes consumidores que adquieren importantes volúmenes directamente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Para particulares, transportistas y pequeños consumidores, el precio se mantiene en 9,80 bolivianos por litro.
Aramayo sostuvo que el decreto forma parte de una transición destinada a ordenar el mercado de combustibles y reducir las diferencias de precios que, según el Gobierno, favorecen el contrabando hacia países vecinos.
La decisión generó críticas entre sectores de la sociedad, en un contexto marcado por la escasez de diésel. El Comité de Defensa del Productor (Codepro) cuestionó la medida y advirtió que podría favorecer la especulación y el crecimiento del mercado informal.
Desde el Ejecutivo, en cambio, defendieron el nuevo esquema como una herramienta para regularizar el abastecimiento y ampliar la participación de operadores privados en la comercialización del combustible.
La medida se suma a las distintas acciones adoptadas por el Gobierno boliviano para enfrentar una crisis de combustibles que se viene prolongando y que afecta especialmente al transporte y a sectores productivos.
