El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la firma de un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. La medida había sido una de las promesas realizadas por el mandatario durante su campaña electoral.
“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.
El presidente respaldó la decisión con cifras oficiales. Según detalló, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó.
De la Espriella aclaró que la medida no habilita el porte indiscriminado de armas, ya que se mantienen los controles, requisitos y permisos establecidos por las autoridades competentes.
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”, sostuvo.
La nueva norma también elimina la autorización especial adicional que debían tramitar los titulares de permisos vigentes durante el período de suspensión general. Sin embargo, establece que la medida no crea nuevos derechos ni habilita el libre porte de armas, y mantiene los requisitos, condiciones, restricciones y controles previstos por la legislación colombiana.
“Las personas tienen que reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, no tener antecedentes ni problemas y tal. Así que estoy feliz de firmar este decreto porque ya era hora de devolverle la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien que se puedan defender”, agregó el mandatario.
La decisión pone fin a la suspensión general de los permisos de porte de armas que regía en Colombia de manera prácticamente continua desde finales de 2015 y que había sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.
No obstante, el Gobierno no eliminó las normas que regulan el acceso y porte de armas. El Decreto Ley 2.535 de 1993 continúa vigente, por lo que los ciudadanos deben contar con un permiso expedido por la autoridad competente para portar un arma de fuego.
El nuevo decreto también establece que el Ministerio de Defensa Nacional deberá impartir las directrices administrativas, técnicas y operativas necesarias para actualizar los registros y sistemas de información utilizados en la expedición, control y verificación de los permisos.
Las restricciones generales al porte de armas de fuego se mantenían vigentes desde 2018 mediante sucesivas prórrogas. La última había sido establecida a través del Decreto 1.482 del 31 de diciembre de 2025, que extendió la suspensión durante todo 2026.
