El Gobierno de Colombia anunció el fin de los procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados, al considerar que no se alcanzaron avances suficientes en materia de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su administración decidió poner fin a los procesos de diálogo y a los espacios sociojurídicos heredados del Gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas.
“Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de Gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del Gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas”, sostuvo el mandatario.
Según De la Espriella, durante esos procesos se destinaron más de 7.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 2,3 millones de dólares, exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores. La cifra no contempla los recursos destinados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros gastos financiados por el Estado.
“En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. El mensaje es inequívoco: sometimiento a la Justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República”, afirmó.
Tras asumir el Gobierno, De la Espriella había otorgado a los grupos armados un plazo para iniciar procesos de sometimiento y advirtió que quienes continuaran en armas enfrentarían operaciones de la fuerza pública.
También anunció el desmantelamiento de mecanismos creados durante la administración de Gustavo Petro para llevar adelante las conversaciones y la reactivación de órdenes de captura que habían sido suspendidas en algunos procesos.
El mandatario cuestionó especialmente los ceses al fuego y los beneficios otorgados durante las negociaciones, al considerar que fueron utilizados por los grupos armados ilegales para ampliar su presencia territorial.
