La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) que podrían afectar de manera significativa el funcionamiento del tribunal, según informaron medios estadounidenses citando a funcionarios familiarizados con el plan.
Las nuevas restricciones podrían prohibir la mayoría de las operaciones financieras con la CPI, aunque su implementación contemplaría un período de transición de entre seis y siete meses. Entre las principales consecuencias, el tribunal podría perder la posibilidad de realizar operaciones en dólares, lo que limitaría su acceso al sistema financiero internacional.
Algunas operaciones vinculadas con servicios de telecomunicaciones podrían quedar exceptuadas de las restricciones.
Según los reportes, Washington busca principalmente que la CPI ponga fin a las investigaciones relacionadas con las acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán y que revoque las órdenes de detención emitidas contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. La Casa Blanca considera ilegítimas las actuaciones del tribunal en estos casos.
La decisión final podría anunciarse durante esta semana, en coincidencia con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York del 18 al 28 de septiembre.
Antecedentes de las sanciones
La administración Trump ya aplicó varias medidas contra la CPI. El 6 de febrero de 2025, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que habilita restricciones financieras y de visado contra funcionarios del tribunal involucrados en investigaciones relacionadas con ciudadanos de Estados Unidos o de países aliados, como Israel.
Las nuevas medidas ampliarían la presión sobre la institución y podrían afectar su capacidad para operar con normalidad y mantener vínculos con entidades financieras internacionales.
La CPI fue creada en 2002 a partir del Estatuto de Roma. Estados Unidos no forma parte del tratado y tampoco reconoce la jurisdicción general del tribunal.
En los últimos meses, Venezuela, Burkina Faso, Malí, Níger y Chad anunciaron su retiro del Estatuto de Roma. Rusia y China tampoco son Estados parte de la CPI.
En septiembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, cuestionó el funcionamiento de la Corte y sostuvo que los tribunales penales internacionales rara vez contribuyeron a resolver conflictos, además de acusar a la CPI de estar influenciada por países occidentales.
