El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió durante décadas en su vivienda del barrio madrileño de Retiro, generó fuertes protestas y un nuevo cruce entre dirigentes políticos por las políticas de vivienda en España.
Tras varios días de movilizaciones y negociaciones, el desalojo se concretó el miércoles. La vivienda pertenece al fondo inmobiliario Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que rechazó las distintas propuestas para evitar la expulsión.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación y cuestionó las políticas nacionales de vivienda.
“Estamos viendo ahora, desde hace dos días, una barra libre de demagogia inasumible que se está promoviendo desde La Moncloa con el dinero de todos”, afirmó la dirigente del Partido Popular.
Ayuso sostuvo que el desahucio fue ejecutado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial y señaló que el Gobierno y sus socios “han tenido ocho años para modificar” las leyes si no estaban de acuerdo con ellas.
La presidenta madrileña también cuestionó las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional en materia de vivienda y sostuvo que no se está construyendo al ritmo que necesita el país.
Además, señaló que Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran un mayor número de desahucios y consideró que resulta “incoherente” responsabilizar a la Comunidad de Madrid por un procedimiento ocurrido en su territorio.
En relación con las protestas que generó el caso, Ayuso aseguró que existe un clima de creciente tensión y advirtió sobre el aumento de la violencia en las manifestaciones.
Desde el Gobierno nacional, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que se intentó encontrar una solución para evitar el desalojo e incluso se planteó la compra de la vivienda, aunque las propuestas fueron rechazadas por la empresa propietaria.
López sostuvo además que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid debían intervenir para garantizar una alternativa habitacional para la mujer.
Desde Unidas Podemos, su portavoz, Ione Belarra, cuestionó la actuación del Gobierno y reclamó una respuesta ante el desahucio de una mujer que llevaba décadas viviendo en el mismo domicilio.
“No quiero vivir en un país en el que se desahucia a una señora de 87 años de la casa en la que ha vivido 70”, afirmó Belarra, quien también cuestionó el operativo policial desplegado durante el desalojo.
El conflicto se originó tras la venta del edificio en el que residía Maricarmen. El contrato de alquiler había sido firmado originalmente por su padre en 1956 y posteriormente pasó a su madre y luego a ella mediante sucesivas subrogaciones.
La disputa llegó a los tribunales y, tras distintas instancias judiciales, se reactivó el procedimiento de desahucio. La empresa propietaria había ofrecido a Maricarmen continuar en la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler, pero el monto solicitado superaba sus posibilidades económicas.
Finalmente, el miércoles se concretó el desalojo, luego de varias jornadas de protestas y negociaciones. Maricarmen debió abandonar la vivienda en la que había vivido durante gran parte de su vida.
El caso volvió a instalar en el debate público español la situación de las personas mayores con contratos de alquiler de larga duración, el acceso a la vivienda y las responsabilidades de las distintas administraciones frente a los desalojos.
