La administración de Donald Trump ha revocado o suspendido visas de dirigentes y funcionarios de distintos países de América Latina. Entre los afectados se encuentran presidentes, expresidentes, gobernadores, legisladores, diplomáticos, jueces y fiscales.
Los casos registrados involucran a figuras de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. En algunos episodios, el Gobierno estadounidense vinculó las medidas con presuntos hechos de corrupción o con actuaciones que considera contrarias a sus intereses. En otros, no brindó públicamente mayores explicaciones.
La polémica más reciente se produjo esta semana, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos informó la revocación de visas de 29 funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Entre los nombres mencionados se encuentra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien Estados Unidos acusó de aceptar sobornos vinculados con el narcotráfico y de ayudar a “criminales violentos” a evadir la justicia.
Cuestionamientos en la región
La utilización de las visas como herramienta de presión política generó cuestionamientos en distintos países de la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que estas decisiones podrían tener un componente político.
“Tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países (…), es un sentido de injerencia en la política mexicana porque no veo otra razón”, afirmó el mes pasado, luego de que se conociera la suspensión de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
También hubo cuestionamientos desde medios estadounidenses. The New York Times señaló que el retiro de visas forma parte de las “tácticas agresivas” empleadas por Trump hacia gobiernos latinoamericanos que mantienen posiciones o vínculos que Washington considera problemáticos.
Las medidas se produjeron en paralelo con otras decisiones de la administración estadounidense hacia la región, entre ellas la imposición de aranceles y sanciones económicas.
Los principales casos
En marzo de 2025, dos meses después del inicio del segundo mandato de Trump, Estados Unidos prohibió la entrada y canceló las visas de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
En abril de ese mismo año, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias reveló que Estados Unidos le había retirado la visa. Posteriormente, la medida alcanzó a su hermano Rodrigo Arias, entonces presidente de la Asamblea Legislativa, y a periodistas del diario La Nación.
En mayo, la gobernadora del estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que Estados Unidos había suspendido su visa sin que, según manifestó, hubiera recibido una explicación. Posteriormente, medidas similares alcanzaron a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Tamaulipas, Américo Villarreal; y Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Según el texto, a lo largo de casi dos años Estados Unidos retiró las visas a alrededor de 50 políticos mexicanos, entre ellos diputados y alcaldes.
Brasil y Colombia
En julio de 2025, la medida alcanzó a Brasil con la revocación de la visa del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal y uno de los magistrados que intervino en el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro por los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado de enero de 2023.
El Gobierno de Trump acusó a Moraes de liderar una “caza de brujas” contra Bolsonaro y también retiró las visas de familiares del magistrado.
Posteriormente, Estados Unidos suspendió la visa de Maria Luiza Ribeiro Viotti, embajadora de Brasil en Washington, en otro episodio de tensión entre los gobiernos de Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.
A nivel presidencial, uno de los casos más relevantes fue el del presidente colombiano Gustavo Petro. Estados Unidos le retiró la visa en septiembre de 2025, luego de cuestionar sus declaraciones y actuaciones durante su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Gobierno estadounidense calificó entonces sus acciones de “imprudentes e incendiarias”.
Los distintos casos muestran que la revocación o suspensión de visas se convirtió en una herramienta utilizada por Washington frente a funcionarios y figuras políticas de la región, aunque los fundamentos expuestos por Estados Unidos varían según cada situación.
