Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con restricciones destinadas a limitar sus operaciones y transacciones financieras. La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de la política de la Administración de Donald Trump contra el organismo judicial internacional.
Según Rubio, el presidente estadounidense no permitirá que la CPI avance en procesos contra ciudadanos de su país. En ese sentido, Washington busca restringir las relaciones y los recursos vinculados con la institución.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó determinadas operaciones financieras relacionadas con la CPI hasta el 7 de abril de 2027, según lo establecido en una licencia general emitida por el organismo.
Antecedentes de las sanciones
En los últimos años, Estados Unidos mantuvo una postura crítica frente a la Corte Penal Internacional y adoptó distintas medidas contra integrantes de la institución.
En febrero de 2025, funcionarios de la CPI quedaron sujetos a restricciones, entre ellos Karim Khan, quien se desempeñaba como fiscal del organismo.
Durante 2026, las medidas se extendieron a otras figuras, incluida la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y Abdoulaye Seye, candidato a ocupar un cargo de magistrado.
En septiembre, medios de comunicación informaron que la Administración Trump había preparado un paquete de sanciones dirigido contra la CPI como institución. Además, el mandatario estadounidense instó a los países signatarios del Estatuto de Roma a retirarse del organismo.
Las nuevas restricciones se inscriben en una disputa entre Washington y la Corte Penal Internacional sobre el alcance de su jurisdicción y su capacidad para investigar y juzgar presuntos crímenes internacionales
