La directora ejecutiva del depositario financiero belga Euroclear, Valerie Urbain, advirtió que una eventual transferencia de los activos rusos congelados a la Unión Europea podría provocar la quiebra de la compañía y generar consecuencias económicas para Bélgica, incluso para sus contribuyentes.
“¡No se pueden transferir simplemente los activos y olvidarse de los compromisos! Esto provocaría un enorme desequilibrio y llevaría a Euroclear a la quiebra”, afirmó Urbain durante una entrevista con medios europeos.
Según explicó, los fondos propios de la compañía serían insuficientes para afrontar una confiscación unilateral o una transferencia forzosa de los activos rusos, que representan más del 80% de su balance.
La directiva señaló que, ante una eventual crisis financiera, los primeros en tener que intervenir serían los accionistas, entre ellos el Estado belga. Sin embargo, advirtió que, en el peor de los escenarios, las consecuencias también podrían alcanzar a los contribuyentes.
Riesgos legales y posibles represalias de Moscú
Urbain también cuestionó las iniciativas legislativas impulsadas desde Bruselas y advirtió que podrían generar numerosos litigios y represalias por parte de Rusia.
En ese sentido, explicó que incluso una transferencia de los fondos acompañada de las obligaciones financieras correspondientes no garantizaría la protección jurídica de Euroclear, ya que el Banco Central de Rusia podría continuar reclamando la devolución de los activos.
Además, alertó sobre la posibilidad de que Moscú avance con medidas de represalia contra los bienes de la compañía ubicados en territorio ruso y en países aliados.
El conflicto por los activos rusos congelados
Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, en febrero de 2022, la Unión Europea y el G7 congelaron activos rusos por aproximadamente 300.000 millones de euros, equivalentes a unos 331.000 millones de dólares.
Las autoridades rusas, incluido el presidente Vladímir Putin, calificaron reiteradamente estas medidas como un acto de apropiación ilegítima y cuestionaron tanto la inmovilización de inversiones privadas como la de los activos soberanos del Estado ruso.
En mayo de 2026, el Tribunal de Arbitraje de Moscú falló a favor del Banco Central de Rusia y condenó a Euroclear a pagar alrededor de 200.000 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la sentencia y, el 2 de junio, emitió el correspondiente título ejecutivo.
Frente a esta decisión, Euroclear solicitó suspender la ejecución del fallo, pero el tribunal ruso rechazó el pedido el 18 de junio.
Posteriormente, el depositario belga presentó un recurso ante el Tribunal de Comercio de Bruselas, argumentando que la Justicia de Bélgica es la única competente para resolver el litigio.
La disputa representa uno de los principales focos de tensión financiera y jurídica entre Rusia y la Unión Europea, en medio de las discusiones sobre el destino de los activos rusos congelados y las posibles consecuencias de su utilización.
