Durante la primera jornada de presentación del Presupuesto Municipal 2027 ante el Concejo Deliberante, los equipos de las Secretarías de Finanzas, Gobierno y Producción expusieron las principales prioridades de la gestión del intendente Martín Perez. La secretaria de Finanzas Públicas, Valeria Capotorto, reclamó el cumplimiento de las obligaciones provinciales en materia de coparticipación, mientras que el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, advirtió que la falta de recursos ya condiciona la ejecución de programas municipales. El Ejecutivo ratificó que garantizar la salud, la asistencia social, los servicios esenciales y la obra pública será una prioridad frente al complejo escenario económico.
“Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”.
Con esta definición, la secretaria de Finanzas Públicas, Valeria Capotorto, planteó uno de los principales ejes de la presentación del Presupuesto Municipal 2027, realizada ante el cuerpo de concejales en las instalaciones del Museo Municipal Virginia Choquintel.
La jornada estuvo marcada por una postura compartida por los equipos de la gestión de Martín Perez: defender los recursos que corresponden a Río Grande y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos frente a las dificultades financieras generadas por los atrasos provinciales en las transferencias de coparticipación.
El proyecto presupuestario contempla recursos por $239.505 millones, de los cuales el 83% corresponde a coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y regalías.
“La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo Capotorto, quien remarcó que Río Grande no debe formar parte de la estructura de costos del Gobierno provincial.
La funcionaria explicó que, de acuerdo con los registros municipales, la deuda provincial continúa incrementándose. Recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria superior a los $16.132 millones al 31 de agosto y advirtió que, desde la presentación del presupuesto, los fondos pendientes aumentaron aproximadamente otros $2.000 millones.
Además, señaló que, pese a los compromisos asumidos recientemente para reducir los atrasos, el Municipio debió realizar una nueva intimación por diferencias superiores a los $650 millones en las transferencias previstas para esa semana.
Díaz advirtió que la falta de recursos condiciona los programas municipales
Por su parte, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, puso el foco en las consecuencias concretas que la situación financiera tiene sobre el funcionamiento de la ciudad.
Durante su exposición, advirtió que, de los recursos presupuestados para el presente ejercicio, hasta el momento ingresó aproximadamente el 65%, con una proyección de alcanzar entre el 75% y el 80% hacia fin de año.
“¿Qué significa ese 20% de recursos que no estarían llegando? Significa que hay programas que no se van a terminar de ejecutar en su totalidad o que directamente no se han podido llevar adelante”, afirmó.
El funcionario remarcó que este escenario obliga a establecer prioridades y sostuvo que la gestión municipal concentrará sus esfuerzos en la atención sanitaria, la contención social y el sostenimiento de los servicios esenciales.
“Las prioridades que nosotros observamos tienen que ver con la contención en materia de salud pública y con la cuestión social”, expresó. También advirtió que la pérdida de empleos en el sector industrial provoca que numerosas familias pierdan su cobertura médica y deban recurrir al sistema municipal de salud.
Díaz también se refirió al transporte público, donde se registra una caída cercana al 26% en la cantidad de usuarios. En ese sentido, confirmó que se trabaja en un nuevo pliego de concesión para actualizar recorridos, frecuencias y herramientas tecnológicas, aunque advirtió que la continuidad del acompañamiento económico municipal depende de la disponibilidad de recursos.
“Queremos seguir teniendo una política de transporte con acompañamiento municipal, pero eso solamente lo podemos hacer si hay recursos”, señaló.
Salud, asistencia social y obra pública, entre las prioridades del presupuesto
El Presupuesto Municipal 2027 contempla una inversión de $18.682 millones en salud, aproximadamente $6.670 millones para el fortalecimiento alimentario, cerca de $38.986 millones destinados a servicios ambientales y más de $5.000 millones para el transporte público.
Asimismo, prevé un Plan de Obras Públicas de $20.105 millones, distribuido en 37 intervenciones vinculadas con infraestructura, mejoramiento vial, saneamiento y generación de suelo urbano.
“La obra pública no solamente nos va a permitir terminar proyectos que están encaminados con recursos municipales, sino que también es motor de la economía, motor de crecimiento y generador de empleo”, destacó Díaz.
En materia tributaria, Capotorto explicó que el proyecto propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, lo que llevaría su valor a $508 durante 2027, por debajo de los $537,72 actuales. Además, contempla beneficios para contribuyentes cumplidores y quienes realicen pagos anticipados.
“La política tributaria de Río Grande no es incrementar impuestos”, afirmó.
La coparticipación, eje de la autonomía municipal
Las exposiciones de las áreas de Finanzas y Gobierno dejaron planteada una preocupación central: la caída de los ingresos y los atrasos en las transferencias provinciales no representan únicamente un problema contable, sino que afectan directamente la capacidad del Municipio para garantizar prestaciones y responder a las necesidades de la comunidad.
Frente a este escenario, la gestión de Martín Perez ratificó su decisión de sostener la presencia del Estado municipal, especialmente ante el crecimiento de la demanda social y las consecuencias de la crisis industrial.
El planteo político e institucional de la jornada fue que Río Grande no debe asumir las consecuencias del endeudamiento provincial ni resignar los recursos que le corresponden.
Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la coparticipación no constituye una ayuda económica ni una transferencia discrecional del Gobierno provincial, sino una obligación legal cuya regularidad resulta fundamental para sostener la autonomía municipal.
En ese sentido, defender esos fondos implica preservar la capacidad de Río Grande para garantizar servicios, acompañar a las familias y continuar invirtiendo en el desarrollo de la ciudad, en un contexto económico de especial complejidad.
