Tierra del Fuego ampliará su demanda por la intervención del Puerto de Ushuaia

El Gobierno provincial incorporará la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a la causa que tramita ante la Corte Suprema. Cuestiona la continuidad de la intervención nacional, las obras anunciadas y el manejo de los recursos portuarios.

Ushuaia. El Gobierno de Tierra del Fuego prepara nuevas acciones judiciales y administrativas para cuestionar la continuidad de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Así lo confirmó la secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, quien adelantó que la Provincia incorporará la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a la causa que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La funcionaria explicó que los equipos legales trabajan en nuevas medidas dentro de la estrategia que la Provincia desarrolla tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, a través de la Dirección Provincial de Puertos.

En ese sentido, indicó que la prórroga de la intervención será presentada como un hecho nuevo en la ampliación de la demanda y como un agravante de la situación cuestionada por el Gobierno fueguino. “Esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos de Arroyo está relacionado con los fundamentos utilizados por el Gobierno nacional para justificar la intervención, particularmente las supuestas deficiencias de infraestructura y el plan de obras presentado por la autoridad nacional.

Según detalló, de las nueve obras incluidas en la planificación bajo el apartado de trabajos en ejecución, solamente una se encuentra efectivamente en marcha desde septiembre. Las restantes tienen fechas previstas que se extienden entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.

“Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos, y la gravedad que implica esto, sea el fundamento de una intervención provincial”, manifestó.

La secretaria también señaló que buena parte de los trabajos anunciados por la ANPyN ya estaban contemplados en los planes de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite. Por ese motivo, cuestionó que esas obras sean utilizadas como argumentos para sostener la intervención.

Asimismo, puso en duda el alcance de las tareas proyectadas y consideró que no representan un proceso de modernización integral de la terminal portuaria. “La mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia”, sostuvo.

Otro de los puntos señalados por Arroyo está relacionado con la situación de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. La funcionaria cuestionó el desplazamiento de personal dispuesto durante la intervención y afirmó que el Gobierno provincial continúa afrontando el pago de los salarios de empleados que quedaron fuera de la administración nacional.

“Cualquier intervención toma la administración junto con todos sus trabajadores. Nunca se desplazó de esa manera”, expresó. Además, advirtió que la prolongación de esta situación podría generar dificultades para sostener las obligaciones salariales que actualmente asume la Provincia.

Por otra parte, reclamó que el Gobierno nacional brinde información sobre los ingresos generados por la actividad portuaria durante la intervención y el destino de esos recursos. Según indicó, la Dirección Provincial de Puertos y otros organismos realizaron pedidos de información que, hasta el momento, no habrían obtenido respuesta.

La falta de precisiones sobre la administración de los fondos constituye otro de los aspectos que el Gobierno fueguino busca incorporar a sus cuestionamientos administrativos y judiciales.

Con la prórroga de la intervención como nuevo elemento, la Provincia avanzará en la ampliación de su presentación ante la Corte Suprema y continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.

“La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó Arroyo.