Perú y México anunciaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas, que permanecían interrumpidas desde noviembre de 2025 tras el asilo político concedido por el Gobierno mexicano a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.
La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento conjunto, en el que ambos países destacaron los históricos lazos de amistad, cooperación y hermandad que los unen, y confirmaron el restablecimiento de los vínculos diplomáticos.
Posteriormente, la Cancillería peruana informó que el Gobierno otorgó a Chávez las garantías y el salvoconducto correspondientes, en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Betssy Chávez enfrentaba un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado protagonizado por el entonces presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Tras ingresar a la Embajada de México en Lima, recibió asilo político bajo el argumento de ser víctima de persecución.
El Gobierno peruano aclaró que la concesión del salvoconducto no impide solicitar una eventual extradición de la exfuncionaria si así lo requieren las autoridades judiciales, conforme a los tratados vigentes entre ambos países.
Asimismo, reiteró que en Perú no existe persecución política contra Chávez y defendió la vigencia del Estado de derecho, la independencia de poderes y las garantías del debido proceso.
El 27 de noviembre de 2025, la Justicia peruana condenó a Chávez a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
Las relaciones entre Lima y Ciudad de México se habían deteriorado tras la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Mientras el Gobierno peruano sostuvo que el entonces mandatario intentó quebrar el orden constitucional, México mantuvo la postura de que Castillo fue víctima de una ruptura del orden democrático y cuestionó la legitimidad del proceso que llevó a Dina Boluarte a la Presidencia.
