La decisión de Estados Unidos de retirar las visas a funcionarios latinoamericanos provocó una fuerte repercusión en Bolivia, luego de que Washington señalara entre los sancionados al fiscal general del país, Roger Mariaca.
Desde entonces, se desencadenó una crisis en el Ministerio Público boliviano que derivó en detenciones, cuestionamientos entre autoridades y un conflicto por la conducción de la Fiscalía.
Cerca de 30 funcionarios latinoamericanos se quedaron sin visa para viajar a Estados Unidos desde el lunes. Entre ellos, el Departamento de Estado destacó a Mariaca, a quien acusó de haber utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos, facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la Justicia.
Mariaca fue detenido el miércoles por la noche y quedó acusado de liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público para proteger al denominado “narcoterrorismo”. Washington también cuestionó su elección como fiscal general durante la gestión del expresidente boliviano Luis Arce.
Disputa por la conducción de la Fiscalía
El jueves por la mañana, Luis Montaño se presentó como fiscal general interino, argumentando que le correspondía asumir por ser el fiscal con mayor antigüedad, en aplicación de la Constitución.
Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, desconoció la designación y denunció una “usurpación de funciones”.
“Lo que queremos denunciar ante el pueblo boliviano es justamente que esa maquinaria, esa estructura criminal, está en acción. No es un problema con el Gobierno, es un problema con el pueblo boliviano, que exige que cambie la Justicia, exige el comportamiento correcto de las autoridades”, afirmó Gálvez.
El respaldo de Washington
El mismo jueves, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, respaldaron la detención de Mariaca y ratificaron su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz.
Landau también cuestionó el modelo de fiscalías independientes adoptado por algunos países y destacó el sistema estadounidense, en el que los presidentes nominan a los fiscales federales y el Senado debe aprobar sus designaciones.
“Algunos países han intentado evitar la politización de sus sistemas de fiscalía/investigación al separarlos de la rama ejecutiva y etiquetarlos como ‘independientes’. Como abogado formado en EE.UU., esto siempre me ha resultado difícil de comprender”, expresó Landau.
La situación también se vincula con las conversaciones entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos en materia económica. El mes pasado, durante una reunión entre Paz y Rubio, la delegación estadounidense planteó la posibilidad de que Bolivia impulse una nueva ley de inversiones.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, sostuvo que una eventual legislación de ese tipo podría favorecer inversiones estadounidenses en sectores como inteligencia artificial, energía verde, hidrocarburos y minería.
Debate en el Parlamento
Este viernes, un día después de que el Ejecutivo desconociera la designación de Montaño, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) lleva adelante su decimoctava sesión ordinaria para analizar la situación del Ministerio Público.
Inicialmente, la Asamblea declaró un cuarto intermedio para analizar el escenario generado. Durante ese período, la senadora Ana Crispín denunció que supuestamente el denominado “Escudo de las Américas” estaría realizando pagos mediante códigos QR a diputados, aunque no se detallaron públicamente pruebas que sustenten esa acusación.
Mientras tanto, la crisis se extendió a otras autoridades del Ministerio Público. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, presentó su renuncia este viernes mientras era buscado por la Policía.
Junto con Mariaca, también fueron detenidos los fiscales Rubén Aparicio, Alberto Zeballos y Martín Irusta, según reportaron medios locales.
La situación mantiene abierto un escenario de tensión institucional en Bolivia, con cuestionamientos sobre el funcionamiento del Ministerio Público y una creciente intervención del debate político en torno a la Justicia.
