Capotorto: “La coparticipación es un derecho de Río Grande, no un gasto”

La secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, defendió la autonomía financiera de la ciudad durante la presentación del Presupuesto Municipal 2027 ante el Concejo Deliberante. Cuestionó las demoras del Gobierno provincial en la transferencia de fondos coparticipables, advirtió que la deuda con el Municipio continúa creciendo y sostuvo que Río Grande no debe asumir las consecuencias del endeudamiento provincial.

El proyecto presupuestario contempla recursos por $239.505 millones y establece como prioridades la salud, la asistencia social, los servicios esenciales y la obra pública, en un contexto económico marcado por la pérdida de puestos de trabajo, la caída del consumo y las dificultades financieras.

“Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”, afirmó Capotorto durante su exposición, realizada en el Museo Municipal Virginia Choquintel.

La funcionaria remarcó que el 83% de los ingresos previstos para 2027 corresponde a la coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y regalías, por lo que la transferencia efectiva de esos recursos resulta fundamental para garantizar el funcionamiento de la administración municipal.

“Río Grande no es un costo dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia. La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la coparticipación no constituye una asistencia económica discrecional del Gobierno provincial, sino una obligación institucional vinculada con los recursos que legalmente corresponden a los municipios.

También diferenció dos situaciones que afectan las finanzas locales: por un lado, la disminución de los ingresos coparticipables como consecuencia de la caída de la actividad económica y, por otro, las demoras provinciales en la transferencia de fondos que ya pertenecen a Río Grande.

La deuda provincial supera los $16.000 millones
Uno de los puntos centrales de la presentación estuvo relacionado con la deuda que el Gobierno provincial mantiene con el Municipio.

Capotorto recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de acreencias superior a los $16.132 millones al 31 de agosto de 2026. Según los registros expuestos, desde la presentación del presupuesto esa deuda se incrementó en aproximadamente otros $2.000 millones.

Asimismo, mencionó que el Tribunal de Cuentas provincial, en su análisis de la Cuenta de Inversión 2025, había registrado una deuda superior a los $11.000 millones al cierre de ese ejercicio.

La secretaria cuestionó que, pese al acuerdo alcanzado recientemente con el Ministerio de Economía provincial para reducir los plazos de transferencia y evitar nuevos incrementos de la deuda, el Municipio debiera realizar una nueva intimación por diferencias superiores a los $650 millones correspondientes a esa semana.

Según explicó, los atrasos obligan a reorganizar permanentemente las disponibilidades financieras y reducen la capacidad de planificación de una administración que debe afrontar salarios, servicios, proveedores y prestaciones esenciales en fechas determinadas.

“Río Grande necesita certezas: transferencias efectivas, oportunas y previsibles”, expresó, al remarcar que la ejecución de las políticas públicas no puede depender de la llegada tardía de recursos que legalmente corresponden a los vecinos.

Cuestionamientos al endeudamiento provincial
Capotorto también manifestó preocupación por los compromisos financieros que deberá afrontar el Gobierno provincial durante 2027, especialmente a partir del acuerdo de compensación con Nación, que contempla devoluciones superiores a los $78.528 millones, más intereses.

Frente a este escenario, sostuvo que el Municipio no debe asumir las consecuencias financieras de decisiones de endeudamiento adoptadas por otro nivel del Estado.

En esa línea, afirmó que esas obligaciones corresponden exclusivamente al Gobierno provincial y no deberían traducirse en nuevas demoras o reducciones de los fondos municipales.

También expresó preocupación por la falta de definiciones sobre los coeficientes de distribución de la coparticipación, una situación que genera incertidumbre tanto para el cierre del ejercicio 2026 como para la planificación del próximo año.

Salud, asistencia social y servicios esenciales, entre las prioridades
Durante su exposición, la secretaria presentó un diagnóstico de la situación económica y social de Río Grande, con especial atención a las consecuencias de la crisis industrial sobre el empleo, los ingresos familiares y la actividad comercial.

En ese contexto, recordó que la desocupación en el aglomerado Río Grande-Ushuaia alcanzó el 8,1% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 6,6% registrado a fines de 2025.

Explicó que la pérdida de puestos de trabajo reduce la capacidad contributiva de las familias y afecta la recaudación municipal, al mismo tiempo que incrementa la demanda de servicios de salud, asistencia alimentaria, acompañamiento social y capacitación laboral.

Frente a esta realidad, destacó que la gestión del intendente Martín Perez decidió sostener la presencia del Estado municipal y priorizar las políticas de mayor impacto en la vida cotidiana de la comunidad.

Entre las principales partidas previstas para 2027 se encuentran:

Salud: aproximadamente $18.682 millones.
Fortalecimiento alimentario: $6.670 millones.
Servicios ambientales: cerca de $38.986 millones.
Transporte público: más de $5.000 millones.
Obra pública: $20.105 millones.
El Plan de Obras Públicas contempla 37 intervenciones vinculadas con el mejoramiento vial, la infraestructura urbana, el saneamiento y la generación de suelo.

Alivio tributario para vecinos y comerciantes
Otro de los ejes destacados fue la incorporación de medidas de alivio tributario para acompañar a las familias y al sector comercial.

Capotorto explicó que el proyecto propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, lo que llevaría su valor a $508 durante 2027, por debajo de los $537,72 vigentes.

Además, se contemplan beneficios para contribuyentes cumplidores y para quienes opten por el pago anual anticipado, con bonificaciones que podrían alcanzar aproximadamente el 40%, de acuerdo con las condiciones previstas.

La funcionaria señaló que estas herramientas buscan aliviar la carga tributaria en un contexto económico complejo, sin descuidar la necesidad de sostener los ingresos propios de la ciudad.

No obstante, aclaró que ningún esfuerzo de recaudación municipal puede reemplazar la obligación del Gobierno provincial de transferir en tiempo y forma los recursos coparticipables.

La autonomía municipal, eje del Presupuesto 2027
En el tramo final de su presentación, Capotorto sostuvo que la responsabilidad de una administración no se limita a elaborar un presupuesto equilibrado, sino que también requiere garantizar las condiciones financieras necesarias para cumplir con sus objetivos.

La secretaria afirmó que el Municipio definió sus prioridades para 2027, aunque advirtió que su ejecución dependerá en gran medida de la disponibilidad efectiva de los recursos que le corresponden a la ciudad.

El planteo central fue que la coparticipación no debe entenderse como una erogación discrecional del Gobierno provincial, sino como una obligación legal y una condición indispensable para el ejercicio de la autonomía municipal.

De esta manera, la Secretaría de Finanzas abrió el análisis legislativo del último presupuesto de la segunda gestión del intendente Martín Perez, con una planificación que busca sostener los servicios públicos, acompañar a las familias y continuar con el desarrollo de la ciudad sin recurrir al endeudamiento.

La exposición dejó como principal definición institucional la defensa de los recursos coparticipables y el reclamo de transferencias oportunas para garantizar el funcionamiento de los servicios que reciben los vecinos de Río Grande.