
Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur destacaron el cambio de posición expresado por el Gobierno Nacional respecto de la defensa de los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
La Provincia acompañó toda decisión orientada a consolidar un frente nacional, político e institucional que permita avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas frente a la ocupación británica y la explotación ilegítima de los recursos naturales. En este sentido, señalaron que se trata de una política que Tierra del Fuego reclama desde hace años ante el Gobierno Nacional y la Cancillería.
Asimismo, valoraron que el Gobierno Nacional reconozca la necesidad de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. En ese marco, consideraron que la conformación y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada constituye una herramienta relevante y reafirma la necesidad de sostener políticas de Estado permanentes, recursos adecuados y una presencia efectiva en la región, teniendo en cuenta la centralidad geopolítica del Atlántico Sur y la condición bicontinental de la Argentina.
Sin embargo, desde el Gobierno Provincial remarcaron que la estrategia debe ser integral y reiteraron el histórico reclamo de Tierra del Fuego para acceder a las tierras necesarias para desarrollar el Polo Logístico Antártico.
Según plantearon, su proyección comercial, científica, logística y de servicios requiere una conducción civil y provincial que complemente la infraestructura destinada a la defensa nacional y, al mismo tiempo, fortalezca las capacidades productivas, científicas y logísticas de la Provincia.
“Defensa, desarrollo y proyección antártica deben formar parte de una misma estrategia nacional”, sostuvieron, con pleno respeto por las competencias y responsabilidades de cada jurisdicción.
En ese sentido, señalaron que la firmeza frente a la situación del Atlántico Sur debe traducirse también en la resolución de las cuestiones pendientes que afectan directamente la soberanía y la seguridad del país.
Además, consideraron necesario proteger los recursos naturales y adoptar medidas frente a quienes contribuyan, directa o indirectamente, con su explotación ilegítima. En este marco, indicaron que los recursos existentes en los espacios marítimos correspondientes a las Islas pertenecen al pueblo argentino y forman parte de los derechos soberanos que la Nación debe defender mediante los instrumentos jurídicos disponibles.
Nuevo marco normativo
El Gobierno Provincial anunció que impulsará ante la Legislatura un nuevo marco normativo destinado a impedir que empresas nacionales o extranjeras utilicen territorio, infraestructura o capacidades logísticas bajo jurisdicción provincial para asistir actividades vinculadas con la ocupación británica o con la exploración y explotación ilegítima de los recursos naturales.
La iniciativa establecerá mecanismos para identificar y sancionar operaciones de transporte, abastecimiento, asistencia técnica y apoyo logístico relacionadas con esas actividades. También buscará fortalecer las facultades provinciales para adoptar medidas fiscales, patrimoniales y comerciales frente a quienes participen del sostenimiento material de la explotación ilegítima de recursos argentinos.
“Tierra del Fuego no puede ni debe convertirse en plataforma logística de quienes contribuyen al aprovechamiento ilegítimo de recursos que pertenecen a nuestro país”, remarcaron.
Reclamo en el plano internacional
Desde la Provincia también plantearon que las medidas internas deben estar acompañadas por una política diplomática y jurídica sostenida en el plano internacional.
En este marco, consideraron necesario que la República Argentina profundice las acciones destinadas a denunciar las actividades unilaterales británicas en el área en disputa y a defender, ante los organismos internacionales correspondientes, el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la Cuestión Malvinas.
Frente al avance de la exploración y explotación hidrocarburífera en el área en disputa, señalaron que el país debe volver a llevar esta situación ante la comunidad internacional y exponer la gravedad de aquellas acciones unilaterales, contrarias al proceso recomendado por las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, plantearon la necesidad de desplegar una estrategia diplomática que permita reunir los apoyos internacionales necesarios para evaluar e impulsar las vías judiciales y jurisdiccionales disponibles, con el objetivo de procurar la suspensión del avance de la explotación hidrocarburífera ilegítima.
Según expresaron, si existe la posibilidad de que comiencen actividades de explotación de los recursos en los próximos años, la respuesta no debe llegar cuando el daño ya se haya consumado. Por ello, consideraron necesario utilizar de manera coordinada todos los instrumentos políticos, diplomáticos y jurídicos que ofrece el Derecho Internacional para defender los derechos soberanos e intentar impedir la consolidación de hechos consumados.
Pedido de reactivación del Consejo Nacional
Para la construcción de una política de Estado sobre la Cuestión Malvinas, desde Tierra del Fuego consideraron indispensable la urgente reactivación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por ley como ámbito plural e interinstitucional destinado a contribuir a la elaboración de políticas de mediano y largo plazo.
“Resulta difícil justificar que, ante un escenario de creciente actividad británica en el Atlántico Sur y de avance sobre nuestros recursos naturales, el principal ámbito institucional concebido para contribuir al diseño de una estrategia nacional permanezca paralizado”, señalaron.
En este contexto, el Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur solicitará formalmente al Poder Ejecutivo Nacional una mayor apertura al diálogo y una participación efectiva de la Provincia en la definición de estas políticas.
Desde la administración provincial aclararon que no reclaman un lugar meramente consultivo, sino “el lugar institucional que corresponde a la Provincia directamente involucrada”.
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes son, por mandato constitucional, parte indivisible del territorio provincial. Por este motivo, Tierra del Fuego sostiene que no puede quedar al margen de las decisiones que afectan directamente a su territorio, sus recursos y su proyección estratégica.
Finalmente, el Gobierno Provincial recordó los pasos dados en defensa de los derechos soberanos argentinos y de los recursos naturales, entre ellos la presentación realizada ante la Autoridad de Valores de Israel respecto de las actividades de empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en el área en disputa.
En este nuevo escenario, convocaron al Gobierno Nacional a acompañar y respaldar institucionalmente las acciones impulsadas por la Provincia, con el objetivo de fortalecer una estrategia común para defender los derechos soberanos, proteger los recursos naturales y reafirmar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Tierra del Fuego reafirmó así su compromiso con una política de Estado que coloque la soberanía, la defensa de los recursos naturales, el desarrollo del Atlántico Sur y la proyección antártica en el centro de la agenda nacional.


