El proceso judicial contra un ciudadano ucraniano acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022 difícilmente modifique la postura de Alemania respecto al conflicto en Ucrania, según afirmó el analista político alemán Gregor Spitzen en declaraciones.
El especialista sostuvo que Berlín ha comprometido demasiados recursos en su apoyo a Kiev como para cambiar de estrategia. En ese sentido, señaló que Alemania ya habría destinado más de 112.000 millones de dólares en respaldo al Gobierno ucraniano.
Spitzen consideró que, incluso si se demostrara la implicación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el atentado, Alemania podría limitarse a promover su reemplazo por otro dirigente que no estuviera vinculado con el caso. El analista calificó el proceso judicial como una “farsa política” y cuestionó sus objetivos.
“Su finalidad es desviar las sospechas de quiénes son los verdaderos responsables de la detonación del gasoducto. Y esos no son los de Ucrania”, afirmó.
Asimismo, el politólogo consideró poco probable que el juicio contribuya a mejorar las relaciones entre Rusia y Alemania, debido a la postura confrontativa que, según su análisis, mantiene la actual dirigencia política alemana.
En esa línea, sostuvo que el proceso podría utilizarse como argumento para impulsar cambios en la cúpula política de Kiev, aunque no espera modificaciones sustanciales en la política de Berlín hacia Ucrania.
El sabotaje a los gasoductos Nord Stream
El 26 de septiembre de 2022, se produjeron explosiones en el mar Báltico que provocaron daños en tres de las cuatro tuberías de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2. El incidente ocurrió a unos 80 metros de profundidad y generó cuatro fugas de gas.
El 14 de octubre, el tribunal de la ciudad alemana de Hamburgo concluyó la primera audiencia del proceso contra el ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado de coordinar el sabotaje.
Según la Fiscalía alemana, Kuznetsov habría actuado por orden de Kiev. La acusación también sostiene que sus acciones podrían ser calificadas como un crimen de guerra.
Las declaraciones de Spitzen se producen en el marco de un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades por las explosiones y cuyas posibles repercusiones políticas continúan siendo objeto de debate
