El Gobierno de Tierra del Fuego reconoció las transferencias pendientes, pero no presentó un cronograma ni una propuesta concreta para cancelar la deuda con el Municipio de Río Grande. Desde la Secretaría de Finanzas advirtieron que los retrasos superan los 45 días y cuestionaron que la Provincia utilice recursos coparticipables que corresponden a los municipios para afrontar sus propias obligaciones. La posibilidad de reducir la deuda quedó supeditada al eventual envío de fondos extraordinarios de Nación.
El Municipio de Río Grande participó este martes de una nueva reunión con el Ministerio de Economía de Tierra del Fuego para reclamar la regularización de los fondos de coparticipación y otros recursos provinciales pendientes de transferencia.
La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, asistió en representación de la gestión del intendente Martín Perez, acompañada por integrantes del equipo económico y legal municipal. También participaron autoridades de Ushuaia y Tolhuin.
Tras más de tres horas de reunión, el Gobierno provincial no presentó un cronograma de pagos ni una propuesta concreta para cancelar los más de $17.294 millones que adeuda a la ciudad.
“Volvemos muy preocupados. No hemos obtenido ninguna propuesta de cancelación de la deuda”, expresó Capotorto al finalizar el encuentro.
La funcionaria explicó que las autoridades provinciales reconocieron la existencia de transferencias pendientes y señalaron que están gestionando recursos extraordinarios ante el Gobierno nacional para intentar reducir parcialmente los montos adeudados.
Sin embargo, esa posibilidad depende de fondos que todavía no están garantizados y sobre los cuales tampoco se precisaron montos ni fechas de disponibilidad.
“Más allá de esa posibilidad hipotética de llegada de dinero, no ha puesto ni fecha, ni cronograma, ni ninguna certeza sobre cómo y cuándo va a cancelar la deuda”, advirtió.
Fondos recibidos que no llegaron al Municipio
Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue el destino de los fondos coparticipables que ingresaron a las arcas provinciales, pero que no fueron transferidos oportunamente a los municipios.
Capotorto señaló que los recursos recibidos pueden verificarse mediante información oficial publicada por el Ministerio de Economía de la Nación. Además, indicó que el reclamo de Río Grande cuenta con antecedentes administrativos e informes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal.
En ese contexto, cuestionó el criterio con el que el Gobierno provincial administra los recursos correspondientes a las ciudades.
“La coparticipación no es un gasto, es un derecho que tienen los municipios de recibir la parte que les corresponde”, remarcó.
La secretaria de Finanzas sostuvo que la Provincia prioriza sus propias obligaciones antes de realizar las transferencias municipales y describió la situación con contundencia: “Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos, para sus costos, para afrontar sus obligaciones”.
Desde el Ejecutivo municipal advirtieron que esta práctica impide disponer oportunamente de recursos propios y genera un creciente condicionamiento financiero sobre la administración local.
Capotorto también precisó que las transferencias provinciales registran demoras superiores a los 45 días, en contradicción con los plazos habituales que sostiene el Gobierno fueguino.
Como ejemplo, mencionó que, mediante un decreto notificado recientemente, la propia Provincia reconoció haber completado recién el 19 de octubre las transferencias correspondientes al mes de julio.
La funcionaria cuestionó que las demoras continúen justificándose mediante procedimientos administrativos que, con los actuales sistemas digitales, deberían permitir una distribución más ágil de los fondos.
La deuda no representa únicamente una diferencia contable: son recursos que Río Grande no puede utilizar para cumplir oportunamente con sus obligaciones y sostener sus servicios.
Ante este escenario, el Municipio continuará evaluando las acciones administrativas y judiciales que correspondan, teniendo en cuenta las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados por la falta de transferencia de los recursos coparticipables.
Reclamo por los adelantos de coparticipación
Durante el encuentro, el Municipio también solicitó precisiones sobre los adelantos de coparticipación requeridos por el Gobierno provincial y las obligaciones financieras derivadas de esos compromisos.
Capotorto explicó que Río Grande exigió garantías para evitar que la devolución de esos adelantos y sus respectivos intereses afecte los recursos que legalmente corresponden a la ciudad.
“Nosotros no tenemos nada que ver con los endeudamientos que ha tenido la Provincia, ni los adelantos de coparticipación que ha tenido la Provincia, ni la devolución de los intereses por esos adelantos”, sostuvo.
El planteo municipal apunta a evitar que las decisiones de financiamiento adoptadas por el Ejecutivo provincial generen nuevas consecuencias económicas para las administraciones locales.
La secretaria de Finanzas aseguró que el Municipio garantizará el pago de los salarios de sus trabajadores en tiempo y forma. No obstante, advirtió que la continuidad de los retrasos podría comprometer progresivamente la capacidad de afrontar otras obligaciones.
En ese sentido, recordó que Río Grande sostiene prestaciones esenciales como la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público, las obras públicas y una amplia red de servicios de salud que también recibe a vecinos de otras ciudades fueguinas.
Estas políticas requieren recursos permanentes y previsibilidad financiera para garantizar su continuidad.
Sin fechas concretas para cancelar la deuda
La minuta firmada al finalizar la reunión establece el compromiso del Gobierno provincial de intentar reducir las demoras si obtiene recursos extraordinarios. En caso contrario, deberá elaborar una propuesta alternativa.
También se acordó mantener una mesa de trabajo para analizar la situación financiera y los criterios de distribución de los recursos, con encuentros técnicos previstos para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia.
Sin embargo, ninguno de estos compromisos establece una fecha de cancelación ni determina cuánto dinero recibirá Río Grande para comenzar a reducir la deuda acumulada.
La gestión del intendente Martín Perez ratificó su disposición al diálogo institucional, aunque sostuvo que las reuniones deben traducirse en decisiones concretas, compromisos verificables y plazos ciertos de devolución.
El Municipio remarcó que no está solicitando asistencia económica ni recursos extraordinarios, sino fondos que le pertenecen y que la Provincia tiene la obligación de transferir.
Río Grande continuará reclamando la regularización de la deuda y evaluará las medidas necesarias para resguardar su autonomía financiera y garantizar los servicios que reciben diariamente sus vecinos.
La postura municipal es contundente: la coparticipación no es una ayuda del Gobierno provincial, sino un derecho de las ciudades cuyos recursos deben transferirse en tiempo y forma.
