La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo en Bolivia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzó el 84,2% en marzo de 2026, por encima del 82,6% registrado durante el mismo período de 2025.
El fenómeno afecta especialmente a mujeres y jóvenes. De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del INE, la ocupación informal alcanzó al 85,9% de las mujeres y al 93,2% de los jóvenes durante el primer trimestre de 2026. Entre los hombres, el índice llegó al 81%.
La situación contrasta con una tasa de desocupación relativamente baja. El INE informó que el desempleo se ubicó en 3,2% durante el primer trimestre del año, por debajo del 3,8% registrado en el mismo período de 2025.
Para el economista Martín Moreira, el sector informal necesita mayor acompañamiento estatal, con acceso a microcréditos, al sistema de salud y otras medidas de apoyo.
En diálogo, Moreira señaló que el aumento de la informalidad está relacionado con la contracción del mercado interno. Según su análisis, esta situación llevó a pequeñas y medianas empresas a restringir nuevas contrataciones.
“El mercado interno se ha contraído en el final de 2025 y, en 2026, va a decrecer un 4%. Esto significa que las pequeñas y medianas empresas que funcionan con empleados se están restringiendo para contratar más gente”, explicó.
El economista también vinculó la situación con las medidas relacionadas con las importaciones y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según sostuvo, el ingreso de productos más baratos puede contribuir a contener la inflación, pero también genera dificultades para emprendimientos y fábricas nacionales.
Para Moreira, una de las alternativas sería ampliar el acceso al crédito para los trabajadores y emprendedores informales y aumentar la presión tributaria sobre determinados sectores empresariales.
“Hay que ajustar también a los grandes. Y a través de un flujo constante de créditos, en el sector informal van a ver la necesidad de formalizarse, porque van a tener condiciones”, afirmó.
Una problemática estructural
Bolivia tiene alrededor de 11,5 millones de habitantes y, durante el primer trimestre de 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó a 4,817 millones de personas, un 1,1% más que en el mismo período de 2025.
La tasa global de participación se ubicó en el 75,8% en las áreas urbanas. La participación masculina alcanzó el 81,5%, mientras que entre las mujeres llegó al 70,5%.
La economista Cecilia Fernández consideró que el problema de la informalidad tiene un carácter estructural y está relacionado con la capacidad de las empresas para absorber la fuerza laboral disponible.
“La informalidad es un problema estructural, resultado de la expulsión de trabajadores que no son absorbidos por las empresas. Hay fuerza de trabajo disponible, pero no es retomada por empresas”, explicó.
Según Fernández, ante la falta de oportunidades en el mercado formal, muchos trabajadores recurren a actividades informales como alternativa para generar ingresos.
Al inicio de su mandato, el presidente Rodrigo Paz se refirió a los elevados niveles de informalidad y planteó la posibilidad de registrar a estos trabajadores y aplicarles un impuesto mínimo para facilitar su acceso a beneficios sociales. Sin embargo, el Gobierno no avanzó posteriormente con esa propuesta.
Para Fernández, una estrategia basada únicamente en aumentar la recaudación no permitiría resolver el problema de fondo.
“Con la idea de tener recaudación, no se va a resolver el problema estructural de la informalidad”, sostuvo, y agregó que es necesario modificar las condiciones que afectan a los trabajadores.
Respecto de la posibilidad de facilitar créditos al sector informal, la economista consideró que podría ser una alternativa, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar que el costo financiero termine agravando la situación de quienes acceden a esos préstamos.
Fernández también planteó la necesidad de fortalecer las inspecciones laborales y de seguridad para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
“Es necesario seguir haciendo inspecciones laborales y de seguridad”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la formalización requiere también incentivos para las empresas, debido a que algunas compañías que operan formalmente recurren a la subcontratación, pagan salarios bajos o utilizan mecanismos que pueden vulnerar los derechos laborales.
